“Retos y propuestas para atender el rezago habitacional a través de la producción social de vivienda asistida”

Mesa 1: Reformas legales y normativas para fortalecer la gestión del suelo, el territorio y la vivienda adecuada.

Participantes: Moderador: José Alfonso Iracheta Carroll, Director General del Instituto Nacional de Suelo Sustentable. Víctor Hugo Hoffmann Aguirre, Director General de Ordenamiento Territorial de SEDATU. Yolanda Beatriz Vera Castillo, Directora General+ de Apoyo al Ordenamiento de la Propiedad Rural de la Procuraduría Agraria. Lidia González Malagón, especialista en la ONU -Hábitat, LILP y UNAM, Salvador Gómez Rocha, Profesor de licenciatura y Maestría en la UNAM, miembro del Colegio de Urbanistas y Consultor.  Relatores.  Marco Tulio Campos Tamayo, Dulce María Franco Pérez.

Sección 1. Introducción: Se continuará con el análisis de las reformas legislativas  promovidas para avanzar en el ordenamiento territorial y la gestión de suelo para la vivienda adecuada. Se Plantean dos preguntas detonadoras:

1. ¿Cuál es la tendencia, para el país, en caso de no desarrollar reformas a las leyes y normativas que regulan actualmente el suelo, el desarrollo urbano, la vivienda, el territorio y el ambiente?

2. ¿Cuáles son las iniciativas fundamentales de reforma legislativa que se requieren promover para fortalecer o diseñar políticas de mayor impacto en las ciudades y territorios?

Sección 2. La división actual del ordenamiento del territorio, por la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, LGEEPA y la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano en México LGAHOTDU, separan ambas dimensiones del territorio: el medio ambiente y el urbano.

No se debe considerar el territorio como continuo y su sobrerregulación, pues genera: Discrepancias pragmáticas y normativas, falta de un marco normativo consolidado, inversión de recursos duplicados en el territorio, debilitamiento institucional por la sobre carga jurídica, y escasa, deficiente o simulada participación social. El resultado territorial de ello es la expansión urbana y la ampliación de la frontera agrícola sobre el suelo de valor ambiental, por los cambios de uso de suelo, que generan pérdidas de ecosistemas, condiciones de vulnerabilidad hídrica, gestión deficiente de residuos y no control de los desastres naturales; ambientes que se mantendrán si el escenario legal no cambia.

Es inevitable considerar la tenencia de la tierra como condicionante para el desarrollo del país y es de vital importancia la coordinación interinstitucional para el ordenamiento territorial, ya que no existe una normatividad urbana que integre criterios de planeación urbana y ambiental en el suelo ejidal. Una de las reformas a impulsar es el artículo 59 de la Ley Agraria, que señala que “no se podrá parcelar en bosques o selvas tropicales”. Sin embargo; la ambigüedad de los términos bosque o selva, provocan la especulación, el crecimiento irregular y la deforestación. Se requiere, reformar y armonizar la tenencia de la tierra con las regulaciones ambientales.

Es necesaria la revisión de la Ley de Asentamientos Humanos, pues se considera que las debilidades institucionales y del Estado mantienen una resistencia al cambio (como ejemplo los retos de la gestión de suelo) que terminan agudizando el problema de la desigualdad en el territorio, como la de las instituciones, la del mercado y la de la necesidad. Esto ha contribuido a una mayor desigualdad, impacto ambiental y asimetría territorial.

Se destaca que la planeación es una cuestión política, que produce un exceso de leyes, reformas, planes y programas de desarrollo urbano, pues las reformas constitucionales dieron origen a 172 leyes generales, y en una misma entidad federativa puede haber más de 200 diferentes regulaciones; lo que produce en el Estado, proceso esquizofrénico legislativo. Una de las reformas relevantes, es resolver la falta de vinculación entre planeación y financiamiento, para, con ello, fortalecer las capacidades de recaudación fiscal de los municipios.

Se propone, generar un solo instrumento para el ordenamiento del territorio, destacando se destacando el trabajo realizado por la SEDATU y la SEMARNAT (con apoyo de la Comunidad Europea) para desarrollar una propuesta de Ley General de Ordenamiento Territorial, para fortalecer la cooperación interinstitucional, optimizar recursos, favorecer conservación, la gestión integral de riesgos, la adaptación al cambio climático y principalmente el análisis de aptitud territorial. Esto facilita la toma de decisiones públicas y la participación corresponsable en materia ambiental y urbana.

Se destaca que el proyecto de Ley que se ha trabajado busca derogar diferentes capítulos de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano y la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

Se exponen los retos sobre la delimitación y cambios de destino de uso de suelo en zonas ejidales, para la conformación de zonas de asentamiento humano, donde se debe considerar la opinión de la SEMARNAT y la CONANP, cuando existan ambigüedades en la definición de zonas forestales y tropicales. Destaca que un reto del Programa de Regularización y Registro de Actos Jurídicos (RRAJA) para regularizar la posesión en la tenencia de la tierra de los núcleos agrarios, es su congruencia con los planes de desarrollo urbano municipales y la coordinación interinstitucional para el ordenamiento. Es necesaria la reforma al artículo 59 para para establecer mejores mecanismos de coordinación.

Es necesario entender el problema complejo de la planeación en términos del mercado de suelo, destacando la disposición de recursos físicos, económicos e institucionales. Se sugiere fortalecer el análisis de los actores sociales, los conflictos socio jurídicos relacionados con la propiedad del suelo y su gestión. Como se ha planteado, la sobrerregulación, la cuestión normativa, impide la financiación, el ejercicio fiscal o garantizar las buenas condiciones territoriales. Es necesaria una simplificación y homologación normativa. Se subraya la importancia institucional de garantizar el cumplimiento normativo.

Sección 3. Se propone incluir los lineamientos agrarios en un solo ordenamiento, para contar con un instrumento que permita ordenar el territorio. Fusionar la ley ambiental, la ley de asentamientos humanos, la Ley Agraria y los Códigos Civiles estatales, para prevenir la irregularidad y atender las necesidades de suelo y vivienda.

El derecho a la propiedad del suelo toca todas las esferas de la vida social y territorial, por lo que es importante gestionar este derecho.

Sección 4. Conclusiones. Al estar sumamente regulada la ciudad, se generan costos que desincentivan el derecho al suelo e incentivan al mercado informal de la vivienda y la actividad económica. Un primer esfuerzo, es simplificar las legislaciones, para volver eficiente la aplicación de las políticas públicas. Una primera reforma es en el aspecto agrario. Los ejidos llegan a ser un cuarto ámbito de gobierno que pone en conflicto a la planeación y el cumplimiento de las normas en asentamientos irregulares. Se requieren mecanismos e incentivos para resolver estos conflictos, e incorporar ordenadamente el suelo ejidal al desarrollo urbano.

Otro tema crítico es la especulación inmobiliaria. Un avance actual es la definición de este término y las estrategias para resolverla; una vez hecho esto, se requiere avanzar en el nivel legislativo cuando los procesos especulativos atentan contra el bien común, y cuando se limita el acceso al suelo y la vivienda. Finalmente, es importante que la planeación territorial y ambiental se integren conforme a las iniciativas presentadas aquí  y que se generen nuevos mecanismos de gobernanza como las procuradurías territoriales, lo que permite gestionar los conflictos sociales y ambientales generados por los cambios de uso de suelo.

Mesa 2: Oferta de suelo y vivienda asequible para la población de bajos ingresos.

Participantes: Moderador: Samuel Valenzuela Arellano, Gerente Sr de Autoproducción del Instituto 5 del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, Mario Camarena González Rubio, Presidente Municipal de Etzatlán, Jalisco, Carlos Ochoa Fernández, Director General de Urbanizaciones el Porvenir de Ameca, S.A. de C.V. Carlos Morales Schechinger, Especialista en Suelo. Jaime Rello Gómez, Dirigente de la Unión Popular Emiliano Zapata (UPREZ) Relatores. Miguel Alejandro Aguilar. María Elena Loperena

Sección 1 Introducción Temática parcial Generar oferta de suelo asequible para la población de bajos ingresos.

Ofrecer suelo factible para la población de bajos ingresos, aunque se incluye en la mayoría de los planes de desarrollo urbano, no se ha cumplido. El Estado no ha resuelto este reto; al concentrar la política de vivienda en apoyar la producción comercial que solo atiende del 30 al 35% de la población, la mayoría asalariados, con acceso a los fondos de vivienda de los trabajadores. Hasta esta administración se incluyó la autoproducción en el Programa Nacional de Vivienda.

Ha habido excepciones como FONHAPO que financió lotes con servicios para lo población de menos de 2.5 salarios mínimos. En el mercado, los altos precios de la oferta de suelo lo hacen inaccesible; por el monto y características de los ingresos de la población, tampoco pueden obtener un crédito hipotecario, y si acaso ya tienen una vivienda, difícilmente pueden dejarla en garantía pues en la mayoría de los casos no tienen una escritura pública, o la modalidad de propiedad corresponde al régimen ejidal o comunal.

Ellos resuelven el acceso al suelo de distintas maneras: Rentando, viviendo con otros miembros de la familia en hacinamiento, o adquiriendo un lote sin servicios en el mercado informal con diversas modalidades de tenencia, en condiciones económicas que se adaptan a su capacidad de pago, pero generalmente la ubicación no es adecuada, lejos del equipamiento y de los servicios. Con el tiempo y el incremento de esta población presionan a la autoridad para  introducir los servicios y la regularización de los terrenos, con el alto costo social y económico que esto implica.

En el pasado algunos de los que tuvieron capacidad de comprar una vivienda económica lejos de la mancha urbana, terminaron por abandonarla.

Presentamos un caso de éxito que compite y vence al mercado informal porque con precios similares ofrece lotes urbanizados, bien ubicados, con servicios y escrituras. Es un modelo de gestión organizada, dónde participan: la Presidencia Municipal, los compradores y un coordinador que diseñó y opera este proyecto. Es ejemplo que muestra una forma de producción diferente; no se trata de una operación donde un promotor inmobiliario, del gobierno o privado, compra un terreno lo desarrolla y lo vende; es un modelo de gestión organizada que, con la participación de los actores, producen lotes urbanizados para usarlos en la construcción de su vivienda.

El acceso al suelo no se puede resolver en forma individual, se requiere la organización colectiva. La idea de presentar este modelo no es con el propósito de reproducirlo tal cual, sino identificar los instrumentos que lo hicieron posible y adaptarlos a otras realidades de nuestro país. Propongo a los asistentes al foro, abordarlo con una visión de como avanzar en el desarrollo de instrumentos y concentrarnos en responder las preguntas detonadoras de esta mesa:

a. ¿Cuáles son las barreras operativas, financieras, legales y normativas que impiden que modelos de este tipo se promuevan desde el sector público?

b. ¿Cómo involucrar a los presidentes Municipales?

c. ¿Cómo generar una normativa de aplicación general para la urbanización progresiva?

d. ¿Cómo se puede generar una reserva territorial con proyectos como el de Etzatlán?

Sección 2. Origen, objetivos y organización del proyecto.

El presidente municipal de Etzatlán argumenta que el proyecto parte de la necesidad de vivienda de la localidad, resalta la importancia ética en la selección de las personas, el orden administrativo y financiero. Recomendó llevar un orden y hacerlo con honestidad y rigor, sin intermediarios para que se pueda ofrecer al costó. Buscar constructores capaces y honestos, así como comprar directamente los materiales. Hay que ser estrictos también con los compradores para que el programa tenga éxito.

Las personas que no pagan se les tiene que sacar del programa; se les regresa el dinero integro y en su lugar entra alguien más que se encuentra en una lista de espera conformada previamente; es la parte triste, pero se debe ser estricto para cumplir con el proyecto. De los 941 lotes poco más de 50 personas ya están construyendo.

Temática parcial: Presentación del proyecto de Etzatlán. Gestión de suelo más autoproducción de vivienda para la base de la pirámide.

Se enuncian las principales condiciones que impiden el acceso al suelo: En primer lugar, la falta de seguridad social: 69% de los trabajadores de bajos ingresos no tienen seguridad social y los que tienen no alcanzan los puntos requeridos. En segundo, la baja capacidad de ahorro, 77% ganan menos de 3 salarios mínimos; en tercero, no tienen acceso a financiamiento porque no pueden comprobar sus ingresos; la banca comercial no los atiende y los gobiernos no ofertan programas de suelo.

La solución debe venir desde lo local; los municipios tienen que enfrentar el desafío. Primero el suelo y luego la vivienda, para ser sostenibles no debe haber recursos públicos ni subsidios. Dirigen la oferta a personas de bajos ingresos, en situación de pobreza patrimonial, es decir no deben tener propiedades; priorizan la atención a madres solteras y jefas de familia. 75% mujeres y el resto hombres. Ofrecieron lotes de terreno urbanizado en suelo apto, en condiciones de legalidad y al costo, de acuerdo con su capacidad económica y en pagos mensuales. Son lotes de 90 mts2 de terreno urbanizado, 6 de frente por 15 de fondo, es el más pequeño que se autoriza en Jalisco.

Tramitan y obtienen todas las autorizaciones, introducen la red general de drenaje sanitario con descargas domiciliarias y la red general de agua potable, hacen empedrados ecológicos, no pavimento. Se otorga el 16% de la superficie bruta del terreno para áreas de donación municipal, se concentra para dejar donaciones grandes y lograr equipamientos relevantes como canchas de futbol, de beis y una preparatoria.

Al municipio le tocaron 26 mil m2 urbanizados. La certeza jurídica es importante, sin embargo, los compradores no gestionaban su escritura, por eso ahora se incluye en el costo de suelo y se asegura que titulen y ello puede servir como colateral con las cajas populares que les prestan para construir. Pagan el costo de permisos, el proyecto ejecutivo, las obras de urbanización y escritura de cada beneficiario.

Temática parcial: Observaciones y recomendaciones para los programas de suelo.

Respondiendo a la pregunta de: ¿cómo generar una normativa de aplicación general para la urbanización progresiva? Coincide en la importancia de la reinstalación masiva de lotes con servicios. Cuestiona la mercantilización de la vivienda,

 que excluye a la población vulnerable, destaca que la regularización no es el camino para atender la oferta de suelo, ni garantía de acceso a financiamiento.  El problema de la vivienda se corresponde al acceso a suelo apto y urbanizable. Se plantean las siguientes propuestas:

• Normativas de aplicación general; generación de oferta masiva de lotes con servicios dentro de una urbanización progresiva y asistida.

• Institucionalizar la figura de urbanizador social.

• Cambiar el modelo para no estar regularizando; se debe tener una visión prospectiva con la oferta masiva de lotes con servicios y no correctiva con la regularización.

• El uso futuro no debe de determinar el valor del suelo. Pagar por el terreno lo que el usuario puede pagar

• Hacer un esquema de aportación de los habitantes ejidales para la urbanización.

• Cambiar la mentalidad de los valuadores: Tienen técnicas perversas para evaluar el suelo, comparan con lo que dice el vecino que vale su terreno. El valor del suelo pegado a la ciudad sube mucho porque los precios incluyen las expectativas.

• El subsidio al suelo no aminora su costo de adquisición.

• Reserva territorial: Decretar zonas de acción social bien ubicadas para personas con bajo poder adquisitivo, no mandarlos a la periferia

• Es muy importante la cuestión ambiental; lo importante es como generar esa conciencia.

• De los asentamientos sin certeza jurídica, lo importante es como pararlos o como ordenar el crecimiento natural en las comunidades

• Una buena práctica brasileña es fusionar el catastro con el Registro Público de la Propiedad

Temática parcial: En el tejido social no se pueden repetir los esquemas de atención al problema de suelo y acceso a la vivienda de manera general; se debe contar con alternativas para atender a la población de menores ingresos, tener opciones de vivienda en los centros de población, no sólo en las zonas rurales reiterando el desplazamiento de los habitantes por el fenómeno de renovación de una zona urbana que implica el desplazamiento de su población original por otra de mayor poder adquisitivo.

La progresividad es un tema fundamental, no sólo es la construcción de la vivienda. Factor tiempo: En la venta ilegal, resuelven tan rápido que la gente lo toma, da su enganche y al otro día está construyendo.

Todos los programas tienen mucha normatividad y la gente tiene que esperar 5 o 10 años para tener opciones. La vivienda no es un tema individual, es colectivo.

Se debe tomar en cuenta el tejido social para no repetir patrones que generan problemas derivados, como la vivienda abandonada, la inseguridad o la insostenibilidad de los asentamientos. Son temas públicos y sociales y estamos dando soluciones individualizadas,

La importancia de las cooperativas y los créditos colectivos.

Sección 3. Se resalta la presencia en el panel, de actores de la academia, líder social, empresario, autoridad, que están de acuerdo; la construcción de esos acuerdos es muy complicada y no es común que suceda.

Pregunta: En el proyecto de Etzatlán ¿existe alguna medida que impida la micro especulación?

En algunos casos se da la venta de lotes y eso da mucha tristeza; los venden en 230 mil pesos, pero la mayoría sigue ahí con la ilusión de su casa. Una forma de mitigarlo es poner en catastro el valor comercial para que al menos el impuesto se quede en el municipio. Además, la especulación ya surgió en terrenos contiguos a los del proyecto; subieron mucho el precio. En la inclusión, se abrió la oferta a todas las personas; el requisito es que vivieran en Etzatlán, con preferencia para las mujeres. Primero van jefas de familia, madres solteras, también parejas jóvenes.

No se vende la construcción, pero cuando les interesa, les ofrecemos un proyecto progresivo con distintas alternativas de crecimiento y uso. Existen dos problemas: acaparamiento y especulación de suelo; en lo jurídico, el capital financiero inmobiliario se está apropiando, las fibras que son dinero negro internacional se están haciendo de suelo para especular igual que la vivienda temporal; el problema en primer lugar debe verse como seres humanos y el suelo es un bien común, es igual que el agua. Es importante considerar la figura de las cooperativas, la tenencia cooperativa regula la entrada y salida, si revende cobrar un impuesto sobre la ganancia, que regrese el extra a la cooperativa o al municipio.

Mesa 3: Normatividad para reconocer y facilitar la Producción Social de Vivienda.

Actores: Moderadora: Silvia Circe Díaz Duarte, subdirectora General de Análisis de Vivienda, Prospectiva y Sustentabilidad de la Comisión Nacional de Vivienda. Clara Eugenia Salazar Cruz, Profesora Investigadora del Colegio de México o Alejandro Hernández, director técnico del Centro de Apoyo Mejoremos S. A de C.V. Aníbal Santeliz Cambray, Fundador y director de Intelia. Diana Carolina Carmona González, directora de Adquisición de Suelo y Gestión de la Comisión Nacional de Vivienda. Relatores: Carlos Aguilar Méndez José Raúl Pacheco Carranco 

Sección 1. Introducción. Diagnóstico y retos en la normatividad asociada a la Producción Social de Vivienda (PSV).

La Ley de Vivienda establece lineamientos para generar instrumentos adecuados a la PSV sin embargo existen limitaciones en el marco normativo local, no en normativas de la gestión administrativa y de las normas de diseño y construcción.

En las barreras normativas de gestión, destaca la complejidad de los reglamentos municipales, la ausencia de reconocimiento de la PSV en las normativas locales y la necesidad de establecer diferencias entre metrópolis y los municipios menos urbanizados.

Los requisitos documentales son complejos y la inspección y sanciones son discrecionales.

Entre los obstáculos está el rechazo de documentos distintos a la escritura pública, los altos costos de la responsiva del director responsable de obra (DRO), largos tiempos de gestión y dificultad para subdividir predios en áreas densamente pobladas.

Entre las barreras normativas constructivas en el ámbito federal, el Código de Edificación únicamente obliga a los ONAVIS y carece de lineamientos para la vivienda progresiva; el CONEVAL Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, considera provisional la vivienda construida con materiales naturales. En las normas estatales no se reconoce la progresividad y falta la adecuación territorial, las normas técnicas no se aplican ni se socializan adecuadamente.

Las propuestas de mejora consideran tres ámbitos:

1) Reforma Legislativa: que pase a una Ley General de Vivienda, para establecer lineamientos para los tres órdenes de gobierno, distinga la producción de vivienda de mercado, de la producción social y legisle las cooperativas de vivienda.

2) Reconocimiento de la Producción Social de Vivienda, PSV, en reglamentos que reconozcan la urbanización progresiva, simplifiquen trámites y establezcan alcances de proyectos iniciales y progresivos.

3) Que la reingeniería Municipal fije una nueva relación entre municipios y auto productores, apoye y notifique criterios mínimos de construcción.

De ese modo, se plantean las siguientes preguntas:

1. ¿Cómo pueden las normas locales contar con sistemas constructivos más seguros, facilitar los procesos de reubicación, especialmente considerando las condiciones de vulnerabilidad?

2. ¿Qué limitaciones específicas en los reglamentos locales obstaculizan la expansión del financiamiento para la producción social de vivienda, como la iniciativa reciente del INFONAVIT, y cómo podrían superarse estas barreras?

3. ¿Cuáles son las principales deficiencias en las normativas locales respecto a la habitabilidad, seguridad y funcionalidad de las viviendas  progresivas, y cómo podrían ser mejoradas para reconocer, regular y apoyar adecuadamente los procesos de producción social de vivienda, tomando en cuenta los avances de la Ley de Vivienda?

Sección 2. Normatividad asociada a la autoproducción en los reglamentos. Se debe iniciar separando el suelo de la vivienda. ¿Qué pasa después de adquirir el suelo y que limitaciones se enfrentan?,

Se mencionan los resultados de un diagnóstico que en 2011 identificó una alternativa de negocio de venta de suelo con servicios a pie de lote, en las siguientes modalidades: Lotes urbanizados; lotes vacacionales; lotes rústicos y lotes industriales. Se analizaron siete desarrollos que concentran 35 mil lotes habitacionales en fraccionamientos entre 1 300 y 8240 lotes. El 90% se encuentran vendidos y entregados, no obstante; de estos solo el 2.8% cuentan con un inicio de obra. Por esta baja tasa de construcción, se identifica que quienes cuentan con un lote propio requieren apoyo y asesoría en varias áreas: organización comunitaria, planeación contable y fiscal, asesoría jurídica y apoyo financiero.

Esto sucede debido a la urgencia de construir sus viviendas, financiar la construcción y afrontar el gasto adicional del pago del crédito por adquirir el terreno.

Se plantea un segundo cuestionamiento en torno a.

¿Qué hacer para obtener un crédito? ¿Cómo superar estas barreras? Dado que en la estructura institucional y normativa actual no hay espacio para auto productores de vivienda.

Se identifica la necesidad de clasificar las modalidades de autoproducción

I). Autoconstrucción; II). Contratación de obreros y III). Contratación de empresas.

Se trata de un proceso y no de un producto terminado. Por tanto, es necesario incluir elementos normativos, considerando la autorización de un sistema constructivo total que se valide por etapas. Se deben distinguir los procesos individualizados de los colectivos.

Así, se plantea como tercer cuestionamiento: ¿Cómo procurar sistemas constructivos más seguros especialmente considerando las condiciones de vulnerabilidad? Se deben de acoplar los costos de la administración municipal con los beneficios adquiridos, e identificar a los actores y los derechos y obligaciones según la modalidad y establecer garantías sobre la responsabilidad de los constructores por vicios ocultos.

Es necesario designar a las autoridades ante quienes se podrían presentar los reclamos y analizar la posibilidad de acceso a un seguro de construcción; además de ampliar la comprensión del glosario a todos los participantes en el proceso de construcción.

Sección 3: Gestión y Regulación de los Procesos de Producción de Vivienda Social.

Parte de un diagnóstico de la normatividad actual, que responde a un objetivo referente a la acreditación de propiedad-gestión de autorización- construcción y ocupación, lo que no responde a la manera en que se autoproduce la vivienda. Este proceso no se alinea con la autoproducción y como posibles causas se identifican:  Seis causales en la gestión administrativa.

No se reconoce la construcción progresiva, ni la construcción de dos o más viviendas en un mismo predio. La Acreditación procede solo con escritura pública la regularización de la construcción preexistente. Contar con un DRO y largos tiempos de gestión que encaren el costo.

Son seis causales de normatividad constructiva: No reconoce que las condiciones de habitabilidad se pueden lograr progresivamente y que esta debe estar vinculada a la región climática y a los usos y costumbre. No reconoce la progresividad en la construcción y por lo tanto la seguridad estructural está limitada a viviendas concluidas. No establece las condiciones mínimas de valoración de riesgo ante eventos naturales. No reconoce algunos materiales y procedimientos, producto de la cultura constructiva y que con un eficiente análisis se puede lograr seguridad estructural.

Para plantear un escenario de adecuación se debe:

a) Considerar alcances de proyectos iniciales y progresivos;                  

b) reconocer la asesoría técnica integral avalada institucionalmente que acompañe la figura del DRO;                                                        

c) precisar la corresponsabilidad de los actores para construir en sitios aptos, sin riesgo y con seguridad estructural;

d) abrir el abanico para la tenencia segura y no solo con la estructura publica de la propiedad;

e) considerar las condiciones del territorio, reconociendo la realidad de los auto productores de bajos ingresos y de sus procesos progresivos, vinculados a su medio natural, su cultura y tradiciones;          

f) considerar el tipo de intervención para establecer la gestión de trámites administrativos que reduzcan costos y tiempos.

Para ello es necesaria la colaboración de los tres ámbitos de gobierno en  la adecuación de las normas para lograr un instrumento homologado a nivel local, regional o nacional que permita tener una base viable para la aceptación o el rechazo de proyectos de vivienda.

Sección 4  Experiencia en la demanda y oferta de créditos para autoproducción en ConstruYO Infonavit.

Los precios de la vivienda se han incrementado y los índices de producción de la vivienda se han estancado. Para abordar el problema de autoproducción se debe ver la relación de viviendas existentes y viviendas requeridas; de estas las de compra, renta y auto producidas, respecto a las opciones de financiamiento señalan: crédito privado, prestamos informales, recursos propios y crédito Infonavit.

La demanda potencial en autoproducción alcanza un poco más de 123 mil viviendas anuales y se tiene un déficit anual del 87.7%. Se consideran que los principales motivos de cancelación de las solicitudes de autoproducción de Infonavit son los permisos de construcción y la regularización de propiedad, así como una base crediticia insuficiente y las condiciones de crédito.

El crédito se presenta con una distribución de 41% para vivienda nueva, 32% ampliación, 10% acabados, 5% terminación de la  construcción. Existen cinco categorías para el uso del crédito:

Acabados, reforzamiento, terminar construcción, ampliación de la vivienda, vivienda nueva.

El monto promedio del crédito es de $84,000, insuficiente para la mayoría de las necesidades, esto es consecuencia de que el crédito ConstruYo no es hipotecario y se otorga sobre el saldo de la subcuenta de vivienda, lo que acota el monto de financiamiento.

Por tanto, propone cinco ejes para impulsar la autoproducción: a) regularización de la tenencia de la tierra; b) la simplificación de trámites de construcción; c) Ampliar y mejorar condiciones de financiamiento d) diversificar modalidades de construcción mediante la autoproducción; y e) ampliar la base de sujetos de crédito.

Sección 5  Experiencia de CONAVI en la relocalización de personas en condiciones de vulnerabilidad ante riesgos hidrometeorológicos, sociales y de cambio climático.

Las barreras normativas son significativas, no reconocen adecuadamente las necesidades y condiciones de los beneficiarios, lo que provoca que, a pesar de que la gestión la realice un organismo nacional de vivienda, que aporta financiamiento público, los procesos de gestión administrativa son muy largos y complicados. Esto es por la necesidad de cumplir con toda la normatividad y reglamentación, desde la propiedad del suelo hasta la autorización de la construcción, siendo la acreditación de la propiedad jurídica el primer documento requerido para cualquier trámite.

La búsqueda de suelo enfrenta desafíos s debido a su escasez por lo que las opciones no sean fácilmente descartables. Además, se enfrentan retos para acreditar y regularizar el tipo de propiedad, ya sea comunal o privada. De manera similar, la adquisición de vivienda presenta dificultades debido a la falta de autorizaciones, tanto por desconocimiento del oferente como por la complejidad de la gestión de dichas autorizaciones.

Se buscó la posibilidad de adquirir viviendas preexistentes; sin embargo, surgieron mayores obstáculos normativos. El uso de suelo puede representar una barrera, ya que la administración municipal desconoce los reglamentos locales; existen diferentes tipologías de vivienda y cada una de ellas necesita un abordaje específico. Por tanto, se necesita la colaboración y el apoyo multinivel en torno a los tres niveles de gobierno.

Hay un déficit habitacional, y mucha vivienda abandonada, por lo que se propone analizar un aumento al impuesto predial a las viviendas abandonadas. Este problema complejo es vivo y cambiante (viviendar). Es necesario normar, cuando el problema es la falta de cumplimiento por la complejidad de los tramites y el reconocimiento a distintas formas de tenencia, además de la corrupción asociada al incumplimiento por la falta de adecuación de la normatividad, es un costo implícito que paga el auto productor.

La normatividad no se ajusta a la realidad; por tanto, al momento de realizar las acciones se tiene que ajustar la necesidad a la normativa y no al revés. El objetivo no es la norma en sí misma, sino lograr que los auto productores inviertan adecuadamente sus recursos, logrando mayores alcances, con la habitabilidad y seguridad que requieren.

La normativa debe apoyar a las personas. En el planteamiento del problema se ha abordado la normatividad asociada a la autoproducción asistida, sin embargo, se debe abordar desde un enfoque integral y posicionar la Producción Social de Vivienda. Es necesario ver más allá de un enfoque individualista y tender hacia la consolidación del tejido social con diversas alternativas derivadas de ello.

Mesa 4: Recursos para fortalecer el ecosistema de la autoproducción de vivienda.

Actores: Claudia Acuña Fernández, Directora de Alianzas de Impacto de New Story México o Pablo Benlliure Bilbao, Docente del Posgrado de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México o Mayra Lazcano Martínez, Directora de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Reordenamiento Territorial del Estado de Baja California. Lacmi Rodríguez Amaya, Directora Ejecutiva de Hábitat para la Humanidad México o Luis Carlos Lara Damken, Director General del IMPLAN de Ahome, Sinaloa Relatores o Magali Patricio Patrón o Manuel López Hidalgo.

Sección 1 Temática parcial: Recursos y articulación de actores que participan en el ecosistema de la Producción Social de Vivienda (PSV).

Se considera que no basta con el crédito y el subsidio aplicado en los programas de vivienda; es necesario apoyar el ecosistema de autoproducción para maximizar el impacto y cobertura, destinando financiamiento para la formación de cuadros profesionales versados en la materia, generar conocimiento y la capacitación a los diversos actores que inciden en el ambiente en donde se desenvuelve la producción social de vivienda.

La autoproducción es una forma de producir viviendas donde el usuario aprovecha y gestiona los recursos que tiene a su alcance para construir su casa, tomando las decisiones fundamentales para satisfacer sus necesidades, las que tienen un amplio espectro; desde el acceso al suelo y los servicios, la planeación, el diseño de la vivienda, ahorrar o conseguir el financiamiento, gestionar los permisos y la titularidad del inmueble, seleccionar los materiales y el sistema constructivo y verificar su correcta colocación, y por último el uso de los espacios y el mantenimiento.

En este proceso el auto productor se vincula con múltiples actores que participan en el ecosistema, desde los que ofertan el suelo (ejidatarios, autoridades, privados), los que asesoran (albañiles, familiares, profesionales) los que financian (familia, banca social, gobierno), los que venden y transportan material; todos estos actores brindan directa o indirectamente información. Su vinculación debe permitir mejorar y hacer más eficiente los procesos y debería redundar en una mejor vivienda.

Para fomentar la Producción Social de Vivienda, PSV, lo que se busca financiar son los procesos, no los productos finales, y generar recursos para la profesionalización de los actores que en ella participan. Si bien estos recursos deben estar considerados en el Presupuesto de Egresos de la Federación y en los de egresos estatales, también se generan en instrumentos creativos que permiten reducir costos, lograr mayor eficiencia de los recursos existentes y atraer recursos de otros sectores (privado, académico y social) a partir de la alienación de intereses.

Sección 2. Crear un programa de vivienda social integral de ahorro-crédito-subsidio

Los recursos para fortalecer el ecosistema de la PSV, surgen de una versión renovada de instituciones como el extinto FONAHPO, retomando esquemas de cofinanciamiento asequibles para la población de bajos ingresos, como la aplicación del crédito-subsidio-ahorro, operados en un Programa Social, diseñado de forma integral, con recursos públicos y presupuestos gubernamentales que involucre diferentes fuentes de financiamiento: SHF, BANOBRAS, ONAVIS, la iniciativa privada e incluso, con la posibilidad de acceder a recursos internacionales.

Para ello se necesita desarrollar un marco regulatorio que favorezca la aplicación de diversas fuentes de financiamiento, así como el programa para monitorear y evaluar permanentemente, con los agentes involucrados y la población atendida, que el programa de vivienda social está alcanzando sus propósitos.

Es importante considerar que se necesitan subsidios para todas las modalidades de vivienda- nueva-mejora-ampliación e incorporar de forma permanente medidas de sustentabilidad, con atención preferente a las familias en condición de vulnerabilidad. Procurar la combinación de créditos adecuados a la condición social de los beneficiarios, a través de alianzas con la banca social, manteniendo una correlación entre el crédito-subsidio y el ahorro.

Otros recursos necesarios es la simplificación de los tramites de la PSV. Se necesita migrar a la digitalización de los tramites, para transparentar el acceso a la información y hacer eficiente la gestión. Se deberá promover foros de consulta permanente que permitan el intercambio de experiencias sobre la PSV, acompañado del desarrollo de una plataforma digital que mantenga informado a todo el que desee participar, integrar comités comunitarios que permitan a sus representantes, participar en la evaluación de las distintas formas de producción social de vivienda asistida. Para lograrlo es necesario una reestructura administrativa profunda que coloque en el centro la PSV, con el propósito de aumentar los recursos y disminuir los gastos e instaurar y consolidar un Programa Social de PSV.

Sección 3: Alineación del programa de vivienda estatal con la política nacional de vivienda.

Desde la experiencia del Programa Estatal de Vivienda (PEV) de Baja California, se ve la necesidad de reinventar procesos, alinear las voluntades del sector público, privado y social, acogidas en un instrumento legal fundamentado en la Ley de Vivienda, en el que se conceptualice el valor de la alianza con todos los sectores, para atender a la población de bajos ingresos.

A partir de la iniciativa del Gobierno del Estado, se identificaron las fortalezas de los actores locales con el propósito de articular alianzas para sumar recursos, económicos y en especie, para la producción social de vivienda (gobierno estatal + gobiernos municipales+ sector privado + instituciones fondeadoras + academia). Esta alianza sobre el territorio potencia las capacidades de cada uno de los actores, para lograr un mayor impacto del programa de vivienda. Se favorece la gobernanza desde la cabeza de sector a través de comités y la suma de voluntades políticas a favor de la PV.

El gobierno acompaña cada uno de los procesos en el programa de vivienda, implementa las mejoras regulatorias, crea incentivos y procura eficiencia administrativa. Es muy importante que los programas incentiven y no castiguen, bajo el enfoque de una alianza construida desde la voluntad política, frente a la PSV.

Es importante destacar que la voluntad política permite articular a cada uno de los actores que intervienen en la PV, donde se incluyen escalas de actuación a nivel internacional, nacional, estatal y municipal.

Sección 4 Atracción de recursos a donde más se necesita.

Desde la sociedad civil, el reto es como atraer recursos hacia el segmento con mayor vulnerabilidad. Lo primero es pensar como ser eficiente con los recursos con los que sw cuenta; pensar cómo hacer más, con cada vez menos. El ecosistema, desde la perspectiva de la ONU HÁBITAT, representa tener conciencia de la compleja interacción de sistemas y actores que afectan el acceso a la vivienda; adoptar un enfoque desde la perspectiva del ecosistema permite a los agentes de cambio pensar de manera integral e intervenir en los sistemas para abordar las causas desde la raíz.

Desde las organizaciones se acentúa la necesidad de atención de la vivienda sociales; es necesario reinventarse continuamente para atraer recursos privados, nacionales, internacionales o públicos. Adaptar las narrativas para hablar de la vivienda y mostrar las contribuciones de la vivienda social en forma transversal para responder a las distintas agendas donde se posiciona la PSV, para impulsar, resolver o construir. Se debe hablar un lenguaje adecuado, tejer alianzas con una visión estratégica y operativa. La capacitación a través de la vinculación y la voluntad política para lograr mayor eficiencia y mayor impacto. Es necesario co-construir proyectos desde la transversalidad de la PSV sumando la voluntad de diversos actores desde distintas disciplinas y replicando experiencias exitosas.

Sección 5 Acceso a los sistemas de información geográfica

Desde la visión del IMPLAN de Sinaloa, los recursos necesarios para el ecosistema son la transparencia en el acceso a la información, la articulación de alianzas, desde la voluntad política de los actores involucrados en la PSV, a través de instrumentos legales de los distintos territorios, y hacer un uso eficiente de los recursos con los que se cuenta. Se considera un recurso sustantivo la participación social en el ordenamiento del territorio para hacer ciudad.

Nos podemos reinventar a través de distintos procesos creativos, mecanismos que permitan el acceso a recursos o que promuevan la articulación de los actores involucrados para la colaboración en PSV. En la eficiencia de recursos del ecosistema es importante reconsiderar que hacer con el suelo ocioso, es un problema urbano frente a la falta de acceso a vivienda en los territorios.

Para evitar proyectos inadecuados se recomienda cuidar el proceso creativo en el diseño de los productos financieros, a partir de un

análisis urbano que considere el mayor impacto social desde las distintas formas de PSV, y observar que las condiciones del territorio permitan opciones de acceso a la vivienda desde procesos creativos con lo que se tiene a la mano como ejemplo el suelo servido.

Sección 6. Financiamiento.

Se deben asignar recursos para proyectos en temas relacionados con el hábitat como el agua y el saneamiento el medio ambiente y para la seguridad ciudadana en las comunidades.

Es necesario que las instituciones de la federación reconfiguren condiciones flexibles para la autoproducción toda vez que lo que financian son procesos sociales, Se considera que se deben establecer condiciones asequibles en los intereses y comisiones para brindar créditos accesibles, pero sin colocar en riesgo la sostenibilidad y permanencia de las instituciones. Considerar el fortalecimiento y promoción de los medios de financiamiento popular desde las organizaciones y las familias. Suelo. Es necesario contar con mecanismos para controlar la especulación del suelo, exonerar impuestos incrementa su costo, sin embargo, existen condiciones de contexto que obligan a establecer medidas para atender a los segmentos de bajos ingresos, tal como la dolarización en la frontera norte. Instituciones.

Los OREVIS, organismos estatales de vivienda, deben tener y continuar con un proceso de modernización administrativa; la reinvención debe ser para las instituciones de la federación y para las organizaciones sociales. Ello genera herramientas para que quiénes estén en territorio puedan dar una mejor atención a las familias, buscar un cambio de conducta en los actores del ecosistema para provocar mejores resultados.

Propuestas finales

1. Revisión, reestructuración y/o generación de programas (institucionales, de organizaciones y de las familias) para fortalecer la producción social de vivienda vista desde un proceso integral.

2. Revisión de la función de Sociedad Hipotecaria Federal como banca de desarrollo para la vivienda.

3. Asignación de recursos de la federación para capacitación e incentivos de quienes participan en el entorno de la producción social de vivienda: autoridades locales, asistentes técnicos, financieras sociales, proveedores de materiales, mano de obra.

4. Cambios normativos, simplificación de trámites y digitalización, para la eficiencia administrativa que disminuya los gastos asociados al proceso.

5. Identificar las herramientas de los gobiernos locales, para diseñar programas que fortalezcan el proceso de autoproducción desde el acceso al suelo hasta la construcción progresiva de las viviendas por particulares o grupos.

6. Generar: alianzas identificando el potencial para fortalecer el proceso de autoproducción; mecanismos para el aumento de recursos y la disminución de gastos en todo el proceso; canales de comunicación para los diferentes actores del proceso, principalmente las familias y recursos para formar y capacitar actores, generar herramientas e incentivos.

Mesa 5: Asistencia integral que favorezca mejores soluciones habitacionales.

Actores: Fernando Córdova Canela, Coordinador del Comité Ejecutivo Programa Nacional Estratégico de Vivienda CONAHCYT. Enrique Ortiz Flores, Coordinador de Proyectos Habitat International Coalition México. ○ Tatiana Sánchez Morales, responsable técnica proyecto PRONACES-VIVIENDA CONAHCYT-Casa y Ciudad AC. Beatriz Corina Mingüer Cestelos. Directora de Políticas y Programas de Vivienda de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Elena Tames Cornish, Directora de Imaginería de TEKET.  Relatores: Mtra. Lucía Valenzuela, Gerente para Programa México Build Change. Doctorante Óscar Daniel Mesta.

Sección 1. Introducción. Temática parcial: Mejorar las soluciones habitacionales mediante una asistencia técnica integral.

Se hace un planteamiento sobre el Sistema Nacional de Capacitación (SNC) para la Producción Social de Vivienda Integral. Tema medular ya que reconoce la necesidad de la habilitación de diversos sectores, también implica la necesidad de un proceso amplio de la generación y coproducción de conocimiento. Este Sistema se enmarca en un contexto con múltiples experiencias de capacitación desarticuladas, un reconocimiento de la falta de una base epistémica común sobre de la Producción Social de Vivienda Asistida, y la necesidad de las personas en cuanto a un mejor aprovechamiento y aplicación de sus recursos en el hábitat. A su vez, también se sustenta en la Ley Nacional de Vivienda y la Nueva Agenda Urbana.

El objetivo principal del SNC se enfoca en lograr que la Asistencia Integral se expanda y fortalezca mediante la articulación de diversos actores en procesos vinculados desde diferentes sectores, donde se remarca que uno de estos sectores debe ser el de la innovación desde las Humanidades, la Ciencia y la Tecnología en un diálogo de saberes, esto desde el reconocimiento de que el control del proceso y las decisiones se encuentran en las personas usuarias y las comunidades, en una generación de conocimiento de manera colaborativa.

Esta plataforma aspira a ser una construcción colectiva, dinámica e interdisciplinaria, basada en necesidades reales y orientada a la generación de conocimiento para la producción social de vivienda y hábitat. Promueve la formación de redes a partir de experiencias territoriales independientes de autoridades para mantener la autonomía. Además, financia proyectos con recursos no recuperables para el desarrollo de capacidades, la provisión de servicios y la instauración de prácticas sostenibles a largo plazo. Está dirigida a los auto productores, asesores de diversas disciplinas, oferentes de servicios y funcionarios de los tres niveles de gobierno, priorizando el ámbito municipal.

De forma organizada y a manera de planteamiento (dentro de un contexto que siempre condiciona) se exponen las siguientes preguntas:

1. ¿Consideran oportuna la propuesta; ¿Qué le falta para ser pertinente?

2. ¿Qué condiciones deberían confluir para lograrlo? En este tema se hace mención que, si bien una de las tareas pendientes es definir los criterios para la incorporación de actores y sus lineamientos de selección, la definición de proyectos sería definidos por seis criterios: cobertura, método, anclaje comunitario, dimensiones, alianzas y asistencia integral.

3. ¿Cómo imaginar la inserción de los diversos actores (y cuál es el rol de estos actores) en un sistema descentralizado -en red- que ofrezca la vinculación y fortalezca la actuación en PSV?

4. ¿Cómo el SNC se puede incidir para lograr que el auto productor obtenga una vivienda adecuada y que la comunidad mejore su condición de vida de acuerdo con sus necesidades, posibilidades y cultura?

Sección 2. Poner a la gente primero.

Se resalta que se ha hablado muy poco acerca de la situación que se vive actualmente.  Se habló de cambio climático, pero no de propuestas de solución al problema real, que es la pérdida de hábitat y el desequilibrio en los ecosistemas que va a suceder cada vez de forma más frecuente. A manera de respuesta para la primera y segunda pregunta, se menciona que es una buena propuesta, pero debe tratarse con seriedad, desde un enfoque en la autoproducción para los sectores más pobres, enfoque diferente a la lógica comercial.

Ante planteamientos como la homogenización y la individualización, se plantea la necesidad de un abordaje más complejo, con la seguridad y la confianza de poder transformar la realidad. Comenta que México se encuentra en un momento histórico donde tenemos la oportunidad de ir más a fondo. Hace un recuento de las afectaciones del COVID y menciona que es un problema que podría repetirse.

Después enmarca el contexto que sufre Argentina, donde se prioriza el dinero y el consumo, para evidenciar la necesidad de pensar más en la producción como un proceso colectivo, pues al involucrarse la gente en la producción de su vivienda se llegan a mejores soluciones, las intervenciones son sostenibles en el tiempo y se adquieren saldos pedagógicos para todas las partes involucradas. Enfatiza también, la importancia del trabajo colectivo de las sociedades indígenas, pues han subsistido en las peores condiciones durante 500 años, y hoy enseñan posibles caminos de por dónde se debería de actuar.

Nos recuerda que estamos afectando el equilibrio de la vida, y nos invita a poner esto frente a toda propuesta y reflexión, para después ponderar la parte social y las decisiones comunitarias. Trabajo colectivo ante el individualismo. En este momento menciona a la Cooperativa Tosepantomin como una experiencia ejemplar por su cualidad de abordar las problemáticas desde una perspectiva transversal en la que se incluyen elementos como el cuidado al medio ambiente, la sostenibilidad económica, y la generación de recursos para desarrollar proyectos propios.

Asimismo, los Programas de Mejoramiento de Vivienda de la Ciudad de México en los años noventa nos recuerdan la importancia de implementaciones flexibles y sustentadas en la confianza en la gente para tener como resultado el bien común y la construcción conjunta. En 1965 se planteó construir una transformación profunda, y hoy a 60 años de ese momento aún no se logran esas transformaciones. Por lo cual propone el trabajo colectivo, en comunidad, juntar disciplinas para abordar los problemas desde varios enfoques, pues la Producción Social de Vivienda, va más allá de la mera construcción.

Sección 3: Co- construcción del conocimiento y fortalecimiento de cooperativas.

Se destaca que desde los entes gubernamentales se empieza a priorizar la necesidad de generar y reconocer a la comunidad. Específicamente desde la SEDATU se están generando mecanismos para la participación colectiva que se da en construcciones comunitarias. Se recalca la importancia de generar diálogos de saberes, para que los compromisos que se planteen vayan en el sentido de generar conocimiento de manera conjunta. Por ejemplo, parte de las acciones emergentes para la reconstrucción de Acapulco después del Huracán Otis incluyen obras comunitarias gestionadas por las comunidades.

Menciona dos experiencias para ejemplificar las acciones de la SEDATU: La primera es el Curso de Planeación Territorial dirigido al ordenamiento de municipios. En el que este diálogo se dio de manera accidental, ya que ante la falta de presupuesto para ciertos proyectos se trabajó en una estrategia de capacitación de municipios con mucha participación. El logro en esta experiencia fue la coordinación intergubernamental y la convergencia de diferentes actores.

El segundo ejemplo fue la de la Estrategia Sectorial de Autoproducción. Esta estrategia consistió en la construcción de un andamiaje mediante la generación de redes y alianzas con todos los sectores, especialmente con las universidades. Se logró la incorporación de diversos sectores, principalmente el sector educativo y social, después el sector privado, pero en menor medida. Acompañado de esta estrategia, se siguió un trabajo de diagnóstico en dónde se identificó que 2 de cada 3 viviendas en México han sido generadas por alguna forma de autoproducción, y que cerca del 90% no han contado con asistencia técnica, lo que conlleva habitar con riesgos por falta de un acompañamiento profesional.

Para responder la pregunta ¿Qué condiciones deberían confluir para lograrlo? menciona que se necesita:

1. La voluntad de los actores: quienes sí querían participar en estos procesos. (tiene que ver con los funcionarios más que con los partidos, y con el contexto)
2. Crear mecanismos de participación que promuevan un diálogo circular de saberes y permitan la toma de decisiones informadas para los usuarios.
3. Normatividad para hacer posibles las acciones programadas (compartir de saberes) en conjunto con un marco jurídico, para que las necesidades recogidas en campo puedan resolverse mediante implementaciones que sean posibles de ejecutar.
4. Entorno seguro sin conflictos territoriales e inseguridad. Así como la importancia de tener un diagnóstico de las necesidades de las familias, las comunidades, gobiernos locales, funcionarios, etc. Así como de las especificidades del territorio, medio ambiente, conflictos sociales, entre otros.

Para la tercera pregunta, ¿Cómo imaginar la inserción de los diversos actores (y cuál es el rol de estos actores) en un sistema descentralizado -en red- que ofrezca la vinculación y fortalezca la actuación en PSV? plantea que ante la duda sobre quién está verdaderamente libre de ideología, es importante trabajar de abajo hacia arriba haciendo corresponsables a diferentes actores y que los 3 niveles de gobierno deben de promover el andamiaje para generar consensos.

A su vez, comenta que se deben generar convenios de colaboración tanto en la academia y la sociedad, así como con los pueblos originarios ya que ellos estaban, están y estarán incluso después del capitalismo.

En resumen, generar una estrategia de atención y de aprendizaje mutuo a través de la construcción de condiciones para la autogestión y la autoorganización de las comunidades, un fortalecimiento de la creación de cooperativas.

Finaliza abordando la cuarta pregunta ¿Cómo el SNC se puede incidir para lograr que el auto productor obtenga una vivienda adecuada y que la comunidad mejore su condición de vida de acuerdo con sus necesidades, posibilidades y cultura? Menciona una lista inacabada de reconocimientos:

Ante el individualismo, generar comunidad.

●Respetar la cultura, fortalecerla, generar arraigo.

● Reconocer que el proceso de educación es praxis, reflexión y acción.

● La vivienda está en constante cambio y es expresión misma de la gente que la habita, por dentro y fuera.

● También la vivienda como mecanismo de defensa del territorio si se hace en comunidad.

● Recuperar energías comunitarias, ecotecnias, formas autogestivas y autoorganizadas de vivienda. Fomentar cooperativas de vivienda.

● Involucrar a las nuevas generaciones en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Temática parcial: Generación de nuevos indicadores, inclusión de todos los sectores y socialización de la información.

Se enfatiza la importancia de materializar y aterrizar qué es lo que queremos lograr. Pareciera como si habláramos de lo mismo, pero no siempre es así y es el reflejo de una realidad compleja. Por lo tanto, es importante concentrarnos en el qué y no en el cómo. Observa que la medición del éxito de los programas de vivienda aún se basa en el impacto sobre el rezago habitacional, pero estos criterios están desactualizados y no reflejan la progresividad.

Señala que el cumplimiento de los indicadores de rezago a menudo no se alinea con la reducción de riesgos. Por ejemplo, una vivienda puede tener una losa de concreto y cumplir con los indicadores, pero si no se consideran otros aspectos estructurales o la ubicación respecto a amenazas naturales, se podría aumentar el riesgo de colapso y peligro para los habitantes.

Cumplir con los indicadores no necesariamente implica la mitigación de riesgos. Las familias, junto con un profesional, deben evaluar los riesgos. Este proceso, si se realiza correctamente y fomenta un diálogo constructivo, es valorado por la gente, convirtiéndose en un servicio que demandan de manera natural.

Un gran problema al que nos enfrentamos es la sobre simplificación, y el cómo nos ponemos todos de acuerdo. Una vez que se tenga claro el qué y el cómo, se debe actuar en ese sentido de manera conjunta. A su vez, también propone que las evaluaciones sobre habitabilidad de los diferentes proyectos de mejora tienen que ser realizadas por las mismas familias, esto con el objetivo de saber si realmente se mejoró su calidad de vida.

Se recalca la necesidad de que se convoque a todos los sectores de la población, para no perder la inercia de trabajo y pueda perdurar en el tiempo. Es necesario involucrar a otros sectores para generar nuevas alternativas, y en el camino establecer indicadores claros, evaluaciones más profesionales, para realmente medir el impacto bajo un rigor y una humildad que permita reconocer si sí se mejoró, o no, la calidad de vida de las personas. Hace dos preguntas:

● ¿Cómo democratizar la información que se genera?

● ¿Cómo socializar las formas correctas de construcción? Un conocimiento general que logre hacer mejor las cosas. Temática parcial: Autogestión y coproducción del conocimiento.

Se presenta una reflexión en torno al trabajo en territorio y con las comunidades en un proyecto financiado por CONAHCYT, que se trabajó de manera conjunta con COPEVI, Cooperación Comunitaria y Casa y Ciudad. En ese proyecto confluyeron los esfuerzos de décadas sobre la PSV y la producción y gestión social del hábitat sustentable y la vivienda adecuada.

El objetivo principal fue el de generar conocimiento desde las comunidades y transmitirlo a una multiplicidad de actores a lo largo del país, desde Sonora hasta Oaxaca. A lo largo de 10 experiencias (5 de ellas en comunidades indígenas), se levantaron más de 2,000 entrevistas, colaboraron más de 100 participantes desde las comunidades, organizaciones sociales, grupos académicos como las facultades de arquitectura de diversas universidades.

En concordancia con la primera pregunta, se reconoce y visibiliza algo que se aprende en trabajo de campo: la transferencia de capacidades y los saldos pedagógicos, mismos que se dan a través de un intercambio de saberes y prácticas en conjunto. Esta capacitación no debe quedarse solo en lo técnico, puesto que también existen aspectos legales, financieros, organizativos, sociales y de gestión, que deberían integrarse al SNC. Se enfatiza la necesidad de un abordaje multinivel y multifactorial, dónde se distingan los diversos tipos de actores y niveles de audiencia, pues los hay para conocer, dominar y otros que aplican.

En este sentido también se plantea el reconocimiento de los saldos pedagógicos en la capacitación y el intercambio de saberes; así como el saberse involucrados en procesos de proyectos de largo aliento que nos obligan a identificar en qué etapas se puede capacitar, puesto que no somos perenes. La enseñanza de estas experiencias es la capacidad de autogestionarse, y el papel de la asistencia técnica es el de dinamizar los procesos, escalarlos y potencializarlos. Estos ejercicios enseñan a traspasar las barreras de distintos cambios, ya que, a partir de ahí, las comunidades tejen y crean estrategias de adaptación y resiliencia para seguir en el territorio. Se señala la importancia de conformar equipos profesionales de manera interdisciplinaria, ya que toma en cuenta a los actores de diversos niveles y con diferentes capacidades y formaciones.

Es importante escalar estos procedimientos a los distintos niveles de gobierno y a las universidades con el fin de que estos temas formen parte de la curricular de formación profesional de las distintas áreas de las Humanidades, la Ciencia y la Tecnología, hacia la generación de un conocimiento en libertad, que a su vez reconozca el valor de las voces desde el trabajo de campo.

Sección 4. Participación de los asistentes.

Los comentarios se centraron en el reconocimiento de que los indicadores de vivienda actuales se quedan cortos ante su propia complejidad, por lo que resulta de vital importancia retomar y adaptar indicadores que reconozcan las particularidades de las viviendas rurales e indígenas, valorando prácticas tradicionales que a menudo se consideran precarias.

Estos indicadores deben reflejar la sustentabilidad de prácticas como los pisos de tierra, que, aunque vistos como inferiores, son preferidos en ciertas comunidades por su capacidad de mantener frescas las viviendas. Además, es esencial realizar una zonificación de riesgos y sus costos para definir subsidios precisos y proporcionar capacitaciones adecuadas de acuerdo con la exposición del riesgo e incluir la evaluación de sí en ciertas regiones estamos ante una situación de amenazas múltiples.

También se comentó consecutivamente que se necesita una visión en la que los recursos naturales y el conocimiento sean accesibles para todos. Una perspectiva que realmente desafíe la idea de un conocimiento exclusivo para la academia y que defienda el diálogo de saberes.

Esta nueva educación debe fomentar la humildad académica y reconocer la existencia de otras realidades fuera del ámbito académico formal. A su vez, se hizo un llamado a reconocer la responsabilidad de que la PSV ya es visible y el nuevo reto es la generación de instrumentos adecuados que soporten diferentes iniciativas, lo cual va 60 años atrasado con respecto a la vivienda comercial.

Esto implica el desarrollo de un marco jurídico y legal robusto que permita la incorporación de prácticas sociales en la producción de vivienda, asegurando que las comunidades tengan un papel activo y significativo en los procesos.

Se enfatizó la importancia de la escucha activa y la integración de metodologías participativas, así como en la urgencia de que las iniciativas atiendan necesidades reales de las comunidades, promoviendo espacios de confianza y retroalimentación que fortalezcan las capacidades organizativas y de resiliencia en las comunidades.

Esto, sin dejar de lado la incorporación de la perspectiva de género en el acceso a la vivienda ya que son las mujeres, quienes a menudo enfrentan desventajas estructurales, y también son quienes más se involucran en procesos participativos y de toma de decisiones en cuestión de vivienda. La perspectiva de género debe ser un eje transversal para cualquier política, así como la formación y capacitación en PSV debe estar enfocada en la generación de decisiones que sean culturalmente adecuadas y que realmente reflejen diversidades y complejidad en los indicadores de vivienda, misma que también debe generar conciencia sobre nuestras acciones y su impacto a futuro.

El reconocimiento de que se necesita un cambio de paradigma, dónde la vida y lo comunitario van por encima de lo individual, sobre todo en el contexto de la crisis civilizatoria que vivimos, y que el Estado debe tener un papel activo en la creación de mecanismos de participación real. Las comunidades deben decidir en qué incidir y qué necesitan, y el estado debe primero aprender a escuchar responder a estas necesidades.