MANIFIESTOS DEL FORO

RETOS Y PROPUESTAS PARA ATENDER EL REZAGO HABITACIONAL A TRAVÉS DE LA PRODUCCIÓN SOCIAL DE VIVIENDA.

Ciudad de México, Auditorio Jesús Silva Herzog, Infonavit,
25, 26 y 27 de junio de 2024.

INTRODUCCIÓN

Se reconoce que los Organismos Nacionales de Vivienda (Onavis) abrieron alternativas para financiar acciones de autoproducción, con el propósito de garantizar el ejercicio del derecho a la vivienda adecuada a todas las personas, especialmente a los grupos en mayor condición de discriminación y vulnerabilidad, así como potenciar la producción social de vivienda para atender a las familias que se encuentran en rezago cualitativo habitacional.

La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) integró por primera vez el derecho humano a la vivienda adecuada en el Programa Nacional de Vivienda 2019-2024, estableció como uno de sus ejes prioritarios el apoyo a la autoproducción y creó la Coordinación Nacional de Autoproducción para que los Onavis unieran capacidades y recursos en aras de construir una política nacional de producción social de vivienda.

Lamentablemente no se logró superar la inercia para canalizar una mayor cuantía de recursos a la población en rezago habitacional, pero sí abrió nuevas vías de incidencia para la población no atendida por los Onavis.

Por su parte, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) implementó su primer programa de financiamiento para la autoproducción denominado ConstruYO y en las reformas de ley incorporó varios cambios, tales como financiar la adquisición de suelo, la autoproducción y otorgar créditos subsecuentes; estos cambios pueden aprovecharse para impulsar masivamente la Producción Social de Vivienda Asistida (PSVA). Asimismo, la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) profundizó su orientación para atender a la población más vulnerable y avanzó en la implementación operativa del marco conceptual de la PSVA; así el Infonavit y la Conavi favorecieron la toma de decisiones de las personas respecto a su solución habitacional.

Por otro lado, el Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Fovissste) no logró expandir su programa en autoproducción, mientras que la Sociedad Hipotecaria Federal (SHF) tampoco alcanzó resultados significativos para atender a los no asalariados. Paralelamente, el Instituto Nacional del Suelo Sustentable (Insus) procuró nuevas alternativas para generar una oferta de suelo para modificar las tendencias de solo continuar regularizando la ocupación.

No bastó la voluntad para abrir alternativas, la cuantía de recursos para el financiamiento de suelo y autoproducción con la finalidad de atender el rezago habitacional fue mucho menor que la que destinaron los organismos a sus programas tradicionales. No obstante, la política nacional de vivienda está claramente establecida en la Ley de Vivienda y en el Plan Nacional de Vivienda, que señalan la atención prioritaria a la población de menor capacidad económica, la distribución de los cuantiosos recursos disponibles de todos los organismos públicos y la banca comercial; se destina a estratos económicos con ingresos superiores a cinco salarios mínimos y se apoya de manera marginal a la población con ingresos menores a tres salarios, sobre todo a los no asalariados que constituyen el 60% de la fuerza de trabajo.

Es de elemental justicia invertir estas proporciones y atender preferentemente a la población más vulnerable, para ello es indispensable rescatar los principios del diseño institucional del recientemente liquidado Fondo Nacional de Habitaciones Populares (Fonhapo), que reconoció que la vivienda es un proceso social progresivo y no un producto terminado, y que su misión era facilitar el acceso al mayor número posible de familias a tierra apta, servicios y a un techo elemental o a mejorar la vivienda existente; la atención a grupos sociales organizados; la utilización de garantías distintas a las hipotecarias; la eliminación de intermediarios entre las instituciones de crédito y los pobladores; la oferta de crédito para suelo, asesoría integral, proyecto, construcción, supervisión, mejoramiento y renta.

SUELO Y DERECHO A LA CIUDAD

Existen disposiciones legales para adelantarse e incorporar tierras ejidales al desarrollo urbano, se puede y debe hacerse de acuerdo con los planes y programas de desarrollo urbano, incorporando a los ejidatarios en el proceso, en lugar de continuar con la regularización de la propiedad que ha demostrado su efecto multiplicador de la irregularidad y está plagada de manipulación política y corrupción. No se debe aceptar con resignación la multiplicación de las “otras ciudades” que aparecen en las periferias lejanas de la ciudad formal y   donde se hacina la población trabajadora en asentamientos de traza caprichosa, sin servicios, espacios recreativos, transporte, escuelas ni hospitales, donde la población tiene que invertir la cuarta parte de su vida en desplazarse para acceder a su trabajo, estudio, comercio y recreación. Son ciudades sin ciudad. El hecho es que el derecho a la ciudad y a la vivienda dependen del derecho al suelo y éste está condicionado por su disponibilidad en el mercado, lo que ha generado un proceso especulativo que se aprovecha de la localización, la normatividad y la inversión pública y privada, acumuladas a lo largo del tiempo, para sin mediar inversión ni esfuerzo alguno al incrementar el precio.

Esto produce dos efectos, por un lado, la concentración excesiva de usos comerciales, de oficinas y viviendas de lujo en algunos lugares centrales que adquieren precios exorbitantes y, por otro, la expulsión de la población que no cuenta con los recursos para mantener o adquirir suelo bien localizado y con servicios en la ciudad, por lo que se ve obligada a desplazarse a la periferia lejana. La actual prevalencia del dinero especulativo sobre el productivo a nivel mundial ha encontrado en la compra de suelo, e incluso en su despojo, un campo fértil para convertirlo en activos financieros.

Esto ha ocasionado graves consecuencias como su encarecimiento y la expansión irracional de nuestras ciudades, hoy duales, segregadas y fragmentadas. Los grandes intereses inmobiliarios y del crimen organizado han promovido desalojos, desplazamientos forzados de población vulnerable hacia las periferias urbanas y el despojo de territorios indígenas y campesinos. De ahí la necesidad que el Estado y la sociedad organizada garanticen el acceso equitativo a este bien común y privilegien las iniciativas de producción social. El derecho al suelo aún no se reconoce en nuestra Constitución Política, por lo que es urgente impulsar su pronta inclusión y el desarrollo de los instrumentos necesarios para hacerlo efectivo.

EJE 1. REFORMAS LEGALES Y NORMATIVAS PARA FORTALECER LA GESTIÓN DEL SUELO, EL TERRITORIO Y LA VIVIENDA ADECUADA.

En consecuencia, se identifican las reformas legales y normativas que permitan fortalecer el diseño y la ejecución de políticas, programas y proyectos relacionados con la planeación, gestión del territorio, desarrollo urbano, vivienda, medio ambiente y entornos naturales. Una arista fundamental es impulsar el cumplimiento de la  legislación y sus instrumentos, e incorporar mecanismos preventivos.

Se resaltan cuatro carencias legales, normativas e institucionales que se deben atender. En primer lugar, la incompatibilidad de la normatividad en materia agraria con la apropiada gestión del suelo urbano, el acceso a la vivienda adecuada y, en general, el ejercicio del derecho a la ciudad. Es crítico ajustar a las necesidades de la sociedad mexicana del siglo XXI, los mecanismos agrarios para la gestión de los asentamientos irregulares, particularmente los que están en condiciones de precariedad, así como la incorporación de suelo social al desarrollo urbano. Estos mecanismos no solo deben formularse de modo que el suelo de origen agrario sirva como detonante del ordenamiento territorial, sino que también ayuden a que las personas sujetas de derechos agrarios puedan verse beneficiadas, tanto en lo inmediato como en el largo plazo.

En segundo lugar, es necesario reformar la legislación para dotar de mecanismos al Estado mexicano que permitan enfrentar la  especulación del valor del suelo y los fenómenos negativos que conlleva, como son los daños al medioambiente, la fragmentación urbana, el encarecimiento generalizado del suelo y la vivienda, la pérdida de eficiencia en el uso del suelo y de los recursos públicos y, en consecuencia, la exclusión, empobrecimiento y pérdida de calidad de vida de amplios sectores de la población.

Por lo tanto, es necesario señalar las estrategias de especulación del valor del suelo, cambios de uso de suelo rústico a urbano, mantenimiento de suelo ocioso en zonas consolidadas, cambios de intensidad del uso del suelo sin la contribución correspondiente, aprovechamiento de información privilegiada e intervención en la elaboración de instrumentos de planeación, y establecer mecanismos específicos para enfrentar cada una de ellas. En tercer lugar, es necesario dotar al Estado mexicano, al Gobierno Federal, de instituciones con capacidades para lograr el cumplimiento de la normatividad territorial, ambiental y urbana, mediante instrumentos únicos que incluyan las dimensiones urbana y ecológica, al considerar un nuevo marco regulatorio que se complemente con la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LEGEEPA) y la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano (LGAHOTDU), así como los lineamientos técnicos para elaborar dicho instrumento.

Hoy, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) tiene atribuciones para intervenir cuando existen violaciones a la norma ambiental, aunque sus capacidades son sumamente limitadas. No existe institución parecida que pueda intervenir en los territorios cuando se infringe la norma territorial o urbana aplicable y su ausencia restringe la capacidad de intervención y respuesta del Gobierno Federal ante fenómenos que operan en detrimento de la planeación del territorio, del desarrollo urbano y de la sociedad en general, y se pierden oportunidades para preservar el suelo de valor ambiental, cultural, patrimonial, paisajístico y/o histórico. Aunque estas facultades recaen en los gobiernos estatales y municipales, es generalizada su falta de capacidad para intervenir, por lo que es indispensable la participación del Gobierno Federal.

Es necesario contar con una institución o mecanismos que permitan integrar la información, gestión, acceso y aprovechamiento del suelo. Ello, facilitará la producción de vivienda, en especial la de carácter social, y permitirá mejorar las condiciones urbanas, impulsar los proyectos de infraestructura y equipamientos, y liberar derechos de vía y zonas de salvaguarda, con ello se dotará de suelo a todas las instancias públicas y privadas, que persigan un fin de interés público, impulsando así un proceso de ordenamiento territorial a largo plazo.

EJE 2. OFERTA DE SUELO Y VIVIENDA ASEQUIBLE PARA LA POBLACIÓN DE BAJOS INGRESOS

Hay alternativas innovadoras que parten de la realidad de la gente, reconocen que primero va el suelo y luego la vivienda.

Se presenta como ejemplo una experiencia exitosa que tiene como premisa básica no considerar el suelo urbano como un producto del mercado inmobiliario, sino como un proyecto de gestión organizado sin fines de lucro. Este proyecto tiene como objetivo reducir al mínimo sus costos para hacerlo asequible a la población de bajos ingresos, y se concreta con la participación de las autoridades municipales, responsables de la gestión del proyecto; los compradores que carecen de una vivienda o terreno y están dispuestos a comprar a plazos, con una mensualidad acorde a su capacidad de pago, un terreno bien ubicado con servicios y escrituras; y un coordinador que funciona como asesor integral para el diseño y operación del proyecto. El proyecto se desarrolla en dos etapas, con una urbanización progresiva que en Jalisco se llama Acción Urbanística de Interés Social. Primera etapa. Adquisición del suelo. Se financia con los recursos que los compradores aportan mensualmente, no hay aportaciones de las autoridades, se aprovechan exenciones fiscales en el ISR, derechos de inscripción y pago de permisos y licencias que se pueden obtener gracias a la participación del municipio, y se reducen los costos financieros. Segunda etapa. Urbanización financiera por los adquirientes en una sola exhibición, con recursos propios o prestamos de una caja de ahorro. En este proyecto no existe la figura de desarrollador inmobiliario que aporta los recursos para desarrollar un proyecto y luego lo vende con ganancias significativas. Al no existir esta figura, no hay utilidad inmobiliaria y los ahorros en las diferentes etapas del proceso son para los compradores.

Es una práctica que demuestra que el suelo es una necesidad social que no puede resolverse de manera individual y que es posible desarrollar modelos de gestión organizada que no necesariamente utilicen el modelo de desarrollador inmobiliario para abaratar el costo del suelo y hacerlo asequible a la población de bajos ingresos.

La propuesta no es repetir este modelo, sino aprovechar los instrumentos que lo muestran como un caso de éxito para incorporarlos a nuevos ejercicios que respondan a las distintas realidades de nuestro país. Se presentan algunas recomendaciones:

1) Desarrollar modelos de gestión organizada en los que participen las autoridades municipales y los compradores sin recurrir a un desarrollador inmobiliario.

2) Establecer como premisa básica que la oferta de terreno sea asequible a la población con ingresos menores a 2.5 veces el salario mínimo y reducir los requisitos para la participación de los compradores.

3) Valuar el suelo según el uso original sin incluir las expectativas de usos futuros.

4) Definir en los planes de desarrollo urbano áreas de Acción Urbanística de Interés Social para la Producción Social de Vivienda Asistida.

5) Fomentar otras formas de tenencia colectiva del suelo urbano como las cooperativas.

6) Diseñar mecanismos transparentes y a prueba de corrupción para captar las aportaciones de los compradores.

7) Incorporar en la legislación local la figura de urbanización progresiva.

8) Aprovechar y/o generar acuerdos de facilidades para conseguir las autorizaciones del

fraccionamiento y las licencias de construcción.

9) Impulsar el surgimiento de promotores sociales con aptitud y actitud para asesorar este tipo de procesos.

Eje 3. NORMATIVIDAD PARA RECONOCER Y FACILITAR LA PRODUCCIÓN SOCIAL DE VIVIENDA

Es imperativo distinguir en la ley, las formas de producción de vivienda, de mercado y social, ya que responden a lógicas y, en consecuencia, a tiempos y prácticas productivas diferentes. La producción de mercado privilegia el valor de cambio, en tanto la producción social se fundamenta en el valor de uso. Aplicar los mismos criterios e instrumentos de mercado a la producción social, rompe con su lógica y la condena a la marginación permanente. Esta distinción es fundamental para el diseño y operación de instrumentos jurídicos, financieros, fiscales y de inducción, administrativos y programáticos, y los de fomento, necesarios para fortalecer sus alcances e impacto social.

 Es obligado también legislar sobre las cooperativas de vivienda, incluidas desde 1917 en el artículo 123 de la Constitución, sin que hasta la fecha se cuente con un marco normativo que incluya y distinga las cooperativas de propietarios de las de usuarios.

Las primeras responden a esquemas de mercado y propiedad individual, en tanto que las segundas se orientan a fortalecer la producción social y la seguridad de tenencia.

Esto se logra al garantizar la propiedad colectiva del suelo, los espacios y equipamientos públicos, evitando la especulación tanto interna como la de las presiones inmobiliarias. Asimismo, se reconoce el derecho de las y los habitantes a heredar el uso de la vivienda a sus descendientes, siempre que acepten estas condiciones, y se establece la imposibilidad de vender o rentar la vivienda que ocupan. Esta tarea queda bajo el control de la asamblea de socios, garantizando con ello la seguridad de tenencia, incluso para quienes se encuentran en situación más vulnerable. (Un referente es la ley uruguaya de vivienda y su reglamento operativo).

La Ley de Vivienda (2006) estableció claros lineamientos para generar instrumentos adecuados a la producción social de vivienda, sin embargo, al poner en práctica una nueva orientación en la política habitacional, se evidenciaron las limitaciones de esta ley —de orden Federal— que no obliga a los gobiernos locales a establecer un marco normativo y reglamentario que reconozca, regule y apoye la forma en que la mayoría de la población edifica y mejora su vivienda en México. Es necesario realizar una reforma legislativa para llegar a una Ley General de Vivienda y superar las limitaciones de la actual ley, cuyos preceptos solo son obligatorios para el ámbito federal.

La corrupción imperante en la gestión de permisos y licencias se explica porque los reglamentos municipales NO reconocen la urbanización progresiva. Generalmente suponen un proceso lineal y único de “Aprobación – edificación – ocupación”, el cual es inverso a la forma de producción popular, en la que primero se ocupa el terreno y poco a poco se construye. Considerar ese proceso lineal en la mayoría de los reglamentos propicia que los inspectores de obra cuenten con un amplio margen de discrecionalidad para sancionar a quienes no cumplan con las mismas normas que se aplican a la vivienda residencial concebida como un objeto terminado y no como producto de un proceso social progresivo. Además, resulta contraproducente penalizar el esfuerzo de las personas al imponer una multa para regularizar la edificación preexistente.

La reglamentación para la producción social de vivienda debe:

1) Distinguir los procesos individuales de los colectivos, las modalidades de autoproducción (autoconstrucción, contratación de obreros, contratación de empresas), los actores que intervienen, los derechos y obligaciones que contraen dependiendo de la modalidad; además de establecer los tipos de intervención (vivienda nueva, progresiva, ampliación, mejoramiento, reforzamiento).

2) Identificar normativas aplicables para los municipios menos urbanizados de las metrópolis, en estas últimas se destaca la revisión de las normas para subdividir los predios en los que se encuentran más de dos viviendas, así como las alturas y áreas libres para adecuarlas a las nuevas realidades del rezago y la alta densidad, sin que esto implique alturas superiores a cuatro pisos.

3) Reconocer los alcances de los proyectos iniciales y progresivos requiere la promoción de la asesoría integral avalada institucionalmente, precisar los servicios que se deben proporcionar a los usuarios para tomar mejores decisiones y la corresponsabilidad de los actores para construir en sitios aptos, sin riesgo territorial y con seguridad estructural. Abrir el abanico para demostrar la tenencia segura y no solo con la escritura pública de propiedad, aprovechando el bagaje desarrollado por ConstruYO Infonavit.

4) Considerar que, si es un proceso por etapas, no es una vivienda terminada, ello presupone autorizar el sistema constructivo total validando la construcción por etapas, acreditando el uso de la vivienda por secciones y fraccionando los pagos por derechos deconstrucción, así como no penalizar la construcción de vivienda preexistente.

5) Establecer en las normas técnicas los criterios para la progresividad en la construcción, sus efectos en la seguridad estructural y la habitabilidad, la cual debe estar vinculada a la región climática y a los usos y costumbres, reconociendo los procedimientos como producto de la cultura constructiva y que deben analizarse para garantizar la seguridad estructural. Las normas deben establecer las condiciones mínimas de valoración de riesgo ante eventos naturales.

2017, Reforzamiento de vivienda, Subsidio reconstrucción CONAVI Asunción Ixtaltepec, Oaxaca

La mayoría de la población continuará edificando su vivienda sin apoyo de las instituciones, puede hacerlo mejor si conoce cómo aplicar sus recursos para lograr una habitación segura y apropiada a sus condiciones medioambientales y de vulnerabilidad territorial. Las normas técnicas invocadas por los reglamentos deben revisarse considerando soluciones adecuadas a las condiciones del territorio, reconociendo la realidad de las y los auto productores de bajos ingresos y de sus procesos progresivos, vinculado a su medio natural, cultura y tradiciones.

Es necesario fortalecer la normatividad para facilitar y promover, mediante créditos, la construcción de condominios familiares y cooperativas, aprovechando las extensas zonas consolidadas de las ciudades, donde existen lotificaciones generosas que podrían albergar a nuevas familias. Esto permitirá arraigar a la población en áreas donde ya tienen establecidas redes de convivencia y cuentan con la infraestructura, servicios, equipamientos y transporte. Además, evitará en buena medida la expansión periférica atomizada y desordenada que afecta a los servicios ambientales y permitirá una gran derrama económica entre pequeñas empresas locales proveedoras de servicios de construcción y mantenimiento.

Se necesita impulsar la colaboración de los tres ámbitos de gobierno; los locales, aportando su bagaje y saberes a la gestión cotidiana; la federación, proporcionando los insumos desarrollados por Sedatu, Infonavit y Conavi para instrumentar el derecho a la vivienda adecuada y el acceso al suelo para la población de menores recursos, así como el avance logrado por Cenapred para identificar y prevenir los riesgos territoriales. Se deben fortalecer los vínculos con las instituciones académicas y gremiales para enriquecer, multiplicar y hacer más eficiente el proceso de producción social de la vivienda y el hábitat.

No basta con la adecuación de los reglamentos y las normas técnicas, es necesaria una nueva forma de relación de la autoridad municipal con la ciudadanía en torno a la vivienda socialmente producida. El objetivo es establecer nuevas reglas, ayudar en los procesos relacionados con la vivienda en producción social, en lugar de solo sancionar.

Acercar los servicios a la población y evitar la corrupción, implica una reingeniería municipal que requiere de estímulos gubernamentales; lo que permitirá diseñar una nueva forma de vinculación que establezca alianzas para comunicar criterios mínimos, insertando a la vivienda dentro del tejido urbano, y construyendo con orden, seguridad y respeto hacia la naturaleza. Es esencial buscar que se comprenda la norma técnica, con el fin de despertar el interés para lograr mejores resultados con los recursos que disponen los pobladores.

Eje 4.  RECURSOS PARA FORTALECER EL ECOSISTEMA DE PRODUCCIÓN SOCIAL DE VIVIENDA.

La administración federal que está por concluir estableció el fomento a la autoproducción como una de las principales estrategias de atención al rezago habitacional cualitativo, para lo cual puso en marcha la Estrategia Nacional de Autoproducción que buscó cambiar la narrativa, mentalidades, capacidades e interacción de los actores que participan en el fomento a esta forma de producción de vivienda, incluidas las propias familias auto productoras.

Para generar apoyos y herramientas para la autoproducción se parte de una visión de ecosistema en el que las familias están al centro, interactuando con diversos actores públicos, privados y sociales. Autoridades locales, asistentes técnicos, trabajadores de la construcción, proveedores de materiales, financieras, organizaciones sociales e instituciones académicas, juegan un papel fundamental en los procesos autogestivos de las familias. Sin embargo, no existe la estructura institucional, la coordinación, ni los recursos para capacitarlos, incentivarlos y fomentar su participación en la ordenada autoproducción.

Los recursos para la producción social de vivienda se han destinado directamente a las personas para financiar sus construcciones. No existe oferta de proyectos o programas que fortalezcan el ecosistema  ni la acción organizada de las familias que considere el otorgamiento de créditos colectivos, garantizados mediante la creación de fondos de contingencia por la organización. No podemos seguir ignorando que, en esta forma de producción de vivienda, son las personas las que guían sus procesos, pero necesitan del acompañamiento integral que incremente la capacidad de invertir mejor sus recursos y mejorar la calidad de sus viviendas y su hábitat.

2023, Sustitución de vivienda. Subsidio reconstrucción CONAVI. En Aquila, y Coahuayana, Michoacán.

Reconocemos que, por sus atribuciones y capacidad de gestión en el territorio, los gobiernos locales son el eslabón más importante para fomentar y ordenar esta forma de producción de vivienda. Son ellos los que pueden generar recursos adicionales, más allá de la inversión monetaria, a partir de estrategias de coordinación y alianzas. Es imperativo que, tanto en los ámbitos estatal como municipal, exista entendimiento y voluntad política para priorizar la asignación de sus presupuestos en materia de vivienda y desarrollo urbano en la atención de las personas de menores ingresos.

Es necesario replantear las estructuras administrativas en los tres órdenes de gobierno y crear un programa social de vivienda, para que exista verdadera concurrencia en materia de vivienda y capacidad operativa para ejecutar las estrategias y políticas propuestas. A nivel estatal, los organismos de vivienda suelen ser actores políticos relevantes, pero con poca capacidad real operativa y de presupuesto. En los municipios, salvo contadas excepciones, no existen unidades administrativas encargadas del tema de vivienda más allá del otorgamiento de licencias y permisos.

Se trata de una nueva visión de política de vivienda en la que los estados y municipios jueguen un papel protagónico para generar herramientas que incrementen los recursos disponibles y desarrollen una forma diferente de relación con la población.

Como ejemplo de éxito se presenta el caso de Baja California que coordina y articula las acciones de vivienda desde una unidad basada en una Secretaría de Estado con fuerza política y presupuesto. La Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Reordenación Territorial integró los elementos de la Estrategia Nacional de Autoproducción en su Programa Estatal de Vivienda 2022-2027. A través de la firma de convenios de colaboración, los municipios se comprometieron a identificar suelo para promover la vivienda social y la autoproducción, facilitar trámites y permisos, exentar el pago de impuestos municipales asociados a la autoproducción de vivienda y llevar a cabo acciones de mejora regulatoria para esta población.

Reconocemos también el papel fundamental de otros actores como: 1) Las financieras de la banca social que requieren de una serie de estímulos para acercar acciones de ahorro y créditos adecuados a los niveles de ingreso y la lógica de progresividad, así como educación financiera;

2) Las instituciones académicas locales como formadoras de personas licenciadas en producción social de vivienda, arquitectura, sociología, trabajo social y asistencia técnica, entre otros, que pueden acompañar a las familias y sus procesos; y

3) Organizaciones de la sociedad civil y cooperativas que llevan a cabo acciones en territorio. Experiencias como las de “Hábitat para la Humanidad”, que han trabajado en el entendimiento del acceso a servicios básicos como el agua, con una visión regional, más allá de la propia vivienda, muestran la importancia de generar alianzas y esquemas para acercar mayores recursos a las familias.

No basta con intentar atender la producción social de vivienda con acciones desarticuladas entre actores y el territorio. Es indispensable incorporar la visión de la autoproducción para incrementar, alinear  y desbloquear recursos, que acompañen el quehacer de las familias y de todos los actores involucrados en este sistema de producción.

EJE 5. ASISTENCIA INTEGRAL QUE FAVOREZCA MEJORES SOLUCIONES HABITACIONALES

No se puede conformar solo con observar cómo millones de familias en solitario se esfuerzan para construir o mejorar su vivienda y su hábitat. Es urgente expandir y fortalecer la asistencia integral mediante la generación de un Sistema Nacional de Capacitación, especializado y permanente en producción social de vivienda, que incentive y apoye la vinculación de esfuerzos y la creación de programas de formación para actores públicos, sociales (familiares y comunitarios) y de asistencia integral que inciden en los ámbitos autoproducidos, tanto de la vivienda como del hábitat. Ello implica la necesidad de contar con un proceso amplio de orden, generación y producción de conocimiento preexistente y de innovación.             Tres razones motivan la propuesta: 

1) Visibilizar y articular en red las experiencias de capacitación que surgen de necesidades reales, procurando la colaboración e intercambio de conocimientos para sumar y potenciar esfuerzos;

2) Procurar programas de formación académica en todas las ramas disciplinares, para conocer el proceso y la forma de apoyar el proceso integral de la PSV; y

3) Incidir en el territorio con proyectos de formación que maximicen sus efectos mediante la capacitación de capacitadores y la participación comunitaria, con la finalidad de que las familias apliquen de manera eficiente los recursos en su vivienda y mejoren las condiciones de su hábitat.

En el Sistema Nacional se concibe la capacitación como una construcción colectiva, dinámica, interdisciplinar, de intercambio de saberes, basada en las necesidades reales orientadas hacia la generación de conocimientos, habilidades y actitudes en las personas y las familias, para mejorar su desempeño en la producción de su vivienda y su hábitat; al mismo tiempo la asistencia integral encuentra un espacio de reflexión, análisis y propuestas para la acción.

Se consideran dos principales componentes: la Red y los proyectos de formación e incidencia territorial:

Relación en red conformada por un conjunto de actores que pueden usar plataformas digitales, proveen servicios técnicos y profesionales, y desarrollan experiencias prácticas con la intención de mejorar las condiciones de la vivienda y el hábitat en territorios específicos. Esta red tiene como fin socializar las formas adecuadas de gestionar y producir la vivienda; promover el desarrollo Socio comunitario y la organización, el desarrollo urbano, el cuidado del medio ambiente, los entornos seguros, los servicios, el agua y su saneamiento, y el reconocimiento sociocultural. Entre los actores del proceso de construcción de conocimiento, es importante distinguir tipos de comunidades, desde aquellas con menores recursos, hasta las autoridades locales y funcionarios, quienes deben generar estrategias de interacción con la población.

Considerar como forma de trabajo el acopio de la documentación, la sistematización, difusión e intercambio de experiencias, así como las metodologías para la participación y la planeación del hábitat, considerando el seguimiento y evaluación de los procesos, además de fomentar la información y la comunicación efectiva entre actores.

Se piensa como una herramienta dinámica, abierta y flexible, soportada en el registro de una base de datos que facilite la comunicación de prácticas entre diversos actores y el acceso al conocimiento generado y acumulado en los colectivos. Tiene el potencial de escalar buenas prácticas, identificar retos y oportunidades relevantes, y reducir curvas de aprendizaje para organismos de cualquier naturaleza, que estén involucrados en el tema y tengan como propósito apoyar a las y los auto productores.

La  Red necesita contar con el apoyo de la autoridad, pero no depender de ella para preservar su carácter permanente. Se requiere apoyo para proyectos de formación de cuadros profesionales, actualización o capacitación en PSV integral y hábitat, y en temas clave y áreas de oportunidad propuestos por actores públicos, privados y sociales que capacitan o inciden en el territorio. Su propósito es conseguir que:    

1) Las familias que construyen, amplían o mejoran su vivienda, con o sin apoyo institucional, apliquen sus recursos de manera eficiente para lograr que su vivienda sea segura, habitable y funcional; y        

2) Las comunidades mejoren sus condiciones de vida y fortalezcan su organización social, al gestar y construir equipamientos e infraestructura comunitaria.

2017. Sustitución de vivienda. Cofinanciamiento CONAVI. Ixmiquilpan, Hidalgo

Los proyectos deben contar con el apoyo no recuperable como estímulo para desarrollar capacidades, tanto en quienes autoproducen como en los que ofrecen servicios y formación a las personas funcionarias de los tres ámbitos de gobierno. Asimismo, propiciar la incorporación de los servicios y la instauración de prácticas con una perspectiva de sostenibilidad social en el tiempo, y con saldos pedagógicos comprobados. Además, de promover tecnologías apropiadas y apropiables para facilitar los procesos de autoproducción. La identificación de proyectos a compartir en red como ejemplo de buenas prácticas, considerando los lineamientos y criterios como cobertura, método, anclaje comunitario, dimensiones, alianzas y asistencia integral.

La investigación, desarrollo y aplicación de tecnologías, así como la formación de profesionales y otros actores, deben ser convenidas entre organismos de la sociedad civil y universidades, lo cual coadyuvará a fortalecer el Programa Nacional Estratégico de Conahcyt, específicamente el Pronace de Vivienda a partir de las orientaciones en materia de humanidades, ciencia y tecnología.

Por otro lado, implica desarrollar habilidades de comunicación efectiva, trabajo en equipo, resolución de conflictos y gestión comunitaria. Al potenciar la dimensión social de su labor, las personas encargadas de la asistencia integral se convierten en agentes que promueven la cohesión social, la comunicación y traducción a una escala comunitaria y la apropiación del proyecto habitacional por parte de quienes participen.

Es un sistema especializado en producción social de vivienda, ya que los proyectos que se acogen deben reconocer que es un proceso en el que las personas usuarias toman las decisiones, tanto para construir su vivienda como para incidir conscientemente en la producción de su hábitat. Este sistema debe ser adecuado a sus necesidades, realidad económica y cultural, características y posibilidades, en lo individual, familiar o comunitario. Se reconoce el gran avance que representa la iniciativa de la UAM-Xochimilco al abrir una licenciatura en línea orientada a formar profesionistas que operen en campo en la Producción Social de la Vivienda y el Hábitat, la cual amerita ser apoyada.

Conclusiones

Ante la crisis civilizatoria que enfrentamos a escala global, la producción y la gestión social y organizada del hábitat y la vivienda toman una gran relevancia por el potencial transformador que tienen las múltiples y crecientes experiencias en las que la población funge como un sujeto activo, informado y responsable, y no como mero objeto pasivo receptor de apoyos decididos y controlados por agentes públicos, asesores y/o intereses privados. La diversidad de alcances de esta forma de producción, que van desde la autoproducción individual y familiar hasta las experiencias sociales organizadas de carácter autogestionario, requiere de la concurrencia de diversos actores que, en los casos más complejos, implican a un mayor número de ellos y de diferentes campos y niveles de intervención. Esto exige un trabajo coordinado que sólo es posible si se comparten procesos de capacitación y organización, y se reconoce el papel conductor de las y los habitantes. De ahí la importancia de consolidar el Sistema Nacional de Capacitación en Producción Social de Vivienda.

El proceso de poblar implica la relación de quienes habitan a partir de sus sueños, culturas y posibilidades, con los lugares que ocupan, en su diversidad de condiciones. Ello conduce a una gran riqueza de soluciones en contra de la monotonía, homogenización e individualización promovida por los intereses económicos y políticos que se oponen a cualquier cambio que pudiera afectarles. Al articular en un solo proceso sociocultural, lo físico ambiental y el fortalecimiento económico de las personas participantes, se ayuda a preservar el equilibrio de los ecosistemas, la defensa de la vida, el sentido comunitario en la toma de decisiones y en la conducción de sus procesos, todo lo cual contribuye a mantener la organización y viabilidad económica de las comunidades, a evitar la emigración de sus jóvenes y su cooptación por el crimen organizado. El ejemplo de la Cooperativa Tosepan en la Sierra Norte de Puebla y otros procesos en marcha lo corroboran.

Finalmente, se destaca la imperiosa necesidad de aprovechar la fortaleza del Infonavit para contribuir a la solución de los grandes desafíos nacionales en vivienda, entre ellos indudablemente el de mayor envergadura es la provisión de suelo apto y bien localizado, para ofrecer opciones de asentamiento a la población de menores recursos, incluyendo los equipamientos y usos complementarios para su desarrollo y con las modificaciones legales requeridas, constituirse en el organismo que brinde financiamiento para las personas no asalariadas. Este proceso puede iniciarse aprovechando las modificaciones legales recientes a las leyes del trabajo, al Instituto México de Seguro Social (IMSS) y al Infonavit, que permiten a las y los trabajadores independientes inscribirse de forma voluntaria a este último.

Consideramos que la facultad para financiar suelo es una oportunidad para generar, en colaboración con estados y municipios, proyectos ambiciosos para hacer ciudad de manera progresiva, incluyendo la oferta de vivienda para distintos estratos económicos, así como otros espacios destinados a la producción, el comercio y los equipamientos educativos, de salud y recreación, que son complementos indispensables de la vivienda.

CDMX, 27 de junio de 2024.